* Sobre la justicia penal de adolescentes en Panamá PDF Imprimir E-mail
Ley Antimaras
Miércoles, 26 de Mayo de 2010 10:43
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ANTE LA GRAVE SITUACIÓN EN PANAMA ¡¡


1) el primer documento es un resumen de las estadísticas reales de delitos en Panamá.
2) Luego está el anteproyecto de Ley que fue presentado ayer en la  Asamblea.
3) Es destacable que lo que propone el anteproyecto es que la única medida aplicable sea la privativa de libertad, y no plantea ninguna medida alternativa ni de resocialización.
4) Por último está la carta enviada por UNICEF .
5) Luego son notas de prensa recientes.

RESUMEN DE NOTICIAS
Día:  miércoles 21 de julio de 2004

PROTECCIÓN:
Advierte viceministro

Se impondría pena de muerte si cadena perpetua no funciona
CARLOS CARRILLO Y JOSÉ OTERO
Las  'iniciativas'  legislativas  del   gobierno  arnulfista supuestamente  dirigidas  a  combatir  la  delincuencia  parecen  ilimitadas.  Ahora, el   viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, dijo que la pena de  muerte  podría ejecutarse en Panamá, en el caso de que la cadena perpetua  no haga disminuir la cantidad de crímenes.
Si  en  los  próximos  cinco  años  la  cadena  perpetua  -que impulsa la  presidenta  Mireya  Moscoso- no resulta, se debe imponer "lo más duro, lo  más  difícil,  aunque  mucha  gente  se va a oponer", dijo ayer Pérez, al  referirse a la pena capital.
También  propuso  imponer castigos más severos a los conductores de buses involucrados  en  faltas  graves, aunque en este caso no precisó una pena  específica.
"Hay  asesinos, violadores o narcotraficantes que hay que meterlos en una cárcel y botar la llave", expresó.
Por su parte, la presidenta, Mireya Moscoso, opinó que el anteproyecto de  ley  que  aprobó  el   Consejo  de  Gabinete, el cual aumenta las penas de  prisión  para  los  menores  de  edad,  a  un máximo de 20 años, no viola  ninguna convención internacional sobre los derechos humanos.

"No los viola, hemos estado viendo esos tratados y no los viola", aseguró  Moscoso,  al  referirse  al  anteproyecto  de  ley  que reforma la ley de  responsabilidad  penal  del   menor,  de  tal manera que los menores serán  castigados con las mismas penas de prisión de los adultos, sin exceder 20  años.
Sin  embargo, el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño  dispone  que todo menor privado de libertad "sea tratado con la humanidad  (...)  de  manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad".
Por  ser  signatario, el Estado panameño está obligado a cumplir con esas  disposiciones internacionales.
Al  respecto,  el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, dijo   que  es preferible que el Estado renuncie a los convenios internacionales  que ha ratificado sobre menores infractores para aplicar las reformas que  en  esta materia se plantean sobre aumento de penas. Pero, luego dijo que ninguna de las reformas planteadas violan los derechos del menor.
La   magistrada   presidenta   del    Tribunal  Superior  de  la  Niñez y   Adolescencia, Esmeralda de Troitiño, el Defensor del Pueblo, José Antonio  Tejada  y  otros organismos locales e internacionales de derechos humanos advirtieron   que  el   Estado  panameño  puede  ser  objeto  de demandas  internacionales  si  modifica  las leyes para que los menores infractores  sean juzgados como adultos.


Inicia debate sobre aumento de penas a menores  "Criminales"

Por: Luis E. Ruiz, Darsy Santamaría Vega y Elizabeth Alveo Miranda- el   SIGLO


el   Órgano  Ejecutivo presentará hoy a la Asamblea Legislativa la primera  de  las iniciativas denominada "Mano dura", anunciadas por la mandataria,  Mireya  Moscoso,  la cual es el endurecimiento de las penas a los menores  infractores.
La  Presidenta  señaló  que  "por  ahora  la  realidad nacional exige que  nuestra  prioridad  sea  la  seguridad,  la  tranquilidad  y la paz de la  familia panameña".
Moscoso  en  un  comunicado  anoche subrayó que en estos momentos realiza  consultas  con  diferentes  sectores de la sociedad civil para evaluar si  realmente  las  reformas constitucionales preparadas por los legisladores  son convenientes  para  Panamá,  con  el   fin de tomar la decisión sobre  extender o no las sesiones extraordinarias para aprobar las mismas.
La  mandataria dijo que tomó la decisión de evaluar las reformas debido a  las  quejas  que había recibido de diversos sectores de la sociedad, como  la  petición  del   Arzobispo  de  Panamá,  monseñor José Dimas Cedeño, de  eliminar  la  reforma al artículo 35 por considerar que la misma afecta a  la  Iglesia  Católica  debido  a  que  la  desconoce como la religión que   practican la mayoría de los panameños.

En la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales deberán enfrentarse  hoy  miércoles  los  detractores  y  defensores  del   proyecto de ley que  aumenta  las  penas  a los menores de edad y es que hay quienes advierten
que  se  presentarán  ante  esa  instancia  legislativa a expresar su más  enérgica  protesta  por considerar que la misma no detendrá el aumento de  la violencia.
el   presidente de la comisión de Gobierno, Wigberto Quintero advirtió que  la   Asamblea   Legislativa   no   deberá   asumir  en  su  totalidad la  responsabilidad  de  aumentar o no las penas carcelarias a los menores de  edad porque la sociedad en general también deberá pronunciarse.
Pero  a  pesar  que  la Asamblea Legislativa está dispuesta a discutir el   proyecto  que  aumenta  las  penas  a los menores, ese documento en sí no  resolverá el grave problema de violencia y delincuencia en el país porque  hace  falta  un verdadero sistema de administración de justicia, advirtió  Quintero,  quien  reiteró  que  el   aumento de la pena es el final de una   cadena  de  decisiones  que  se  debe  asumir  para  hacerle  frente a la  delincuencia .
Por  su  parte,  el   presidente  de  la Asamblea legislativa advirtió que  quienes  se  oponen  a  que  los menores de edad sean sancionados como un adulto deberían vivir en los barrios pobres del país para que conozcan la  realidad  de  muchas  familias  panameñas  que  han  sido  víctimas de la  violencia en las calles.
Critican operación Mano Dura

A   pesar  de  la  pérdida  de  control  que  vive  la  sociedad  por la   desintegración  familiar,  que  incide  a su vez, en los altos nivel es de  violencia  y  criminalidad,  no  todo  es color de rosa con las normas de seguridad  que  estableció  el gobierno con el operativo denominado "Mano  Dura".  Para  el   ex mandatario de la República, Guillermo Endara, en los  barrios  populares  se  cometen  muchas  injusticias  debido  a  la forma  generalizada con que aplican las medidas.

Endara  criticó  en  cierto  aspectos  el operativo, porque han abusado y  maltratado  a  personas  inocentes,  que  por  el   simple  deseo  de una   administración  gubernamental que culmina, ahora a última hora se quieren  aplicar medidas que no se tomaron a tiempo.
el ex presidente Endara dijo que no es que respalde a los delincuentes en  sus  "fechorías", sino que hay que aprender a diferenciar a un trabajador  de  un  "maleante",  ya  que  por el simple hecho de no portar la cédula,  cientos  de  panameños  han parado en la cárcel , por lo que me solidarizo  con el los. el Siglo


Exigen atacar delincuencia


Nuevamente  la  Central  Nacional  de  Trabajadores (CNTP) a través de su   secretaria  general  Norma Cano exigió tanto al gobierno saliente como al   entrante,  hacer  de  la  lucha  contra  la  delincuencia   y  la falta de  seguridad pública, un problema de Estado panameño, a través de los medios  modernos  y  no  con  medidas elementales y bárbaras. Cano expresó que el   plan  "Mano  Dura",  debe  abarcar  a  su  vez,  a  las altas capas de la sociedad, donde  están enquistados los delincuentes de cuello blanco,  abogando  por  la implementación de  mecanismos más adecuados,  científicamente  acordados  para los reclusos, tanto menores como adultos  jóvenes.  el Siglo

Paisas cumplirán condena en su país


La próxima semana se reunirán el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo  Escalona  y la embajadora de Colombia, Gina Bennedettí de Vélez, a efecto  de  brindar  una  respuesta  a  los  600  internos colombianos que desean  culminar sus penas en su país.

En  este  sentido,  la Administración del Sistema Penitenciario (DGSP) ya  cumplió  con  todos  los  requisitos  para  que  los internos colombianos   terminen  su  condena  en  su  país  de  origen, aseguró la directora del   Sistema Penitenciario, Concepción Corro.  La  funcionaria  indicó  que se han efectuado reiterados esfuerzos con el   gobierno  colombiano  para  que  se  ejecute un convenio que existe entre  ambas naciones. En este sentido, hace poco, el Ministro de Gobierno envió  una  nota  a  su  homólogo colombiano de Justicia notificando que hay una  gran  cantidad  de internos colombianos que se acogieron a este pacto.
el   SIGLO

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Acabará con delincuencia , según encuestados

Cadena perpetua

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Redacción de el Siglo

|redaccion@el siglo.com
el 77. 5 por ciento de los entrevistados en la encuesta de el Siglo

Digital considera que la sanción de la cadena perpetua acabará con la delincuencia .

En una muestra de 815 personas, 633 considera que la cadena perpetua acabará con la delincuencia , 140 un 17.2 por ciento, opinaron que atenta contra los derechos humanos mientras que, 43 un 5.3 por ciento, se inclina a que aumentará la delincuencia .

¿Qué opina de la cadena perpetua?

Total de votos: 815

Acabará con la delincuencia : 632 votos (77.5%)

Aumentará la delincuencia : 43 votos (5.3%)

Atenta contra los Derechos Humanos: 140 votos (17.2%)


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LA PRENSA



Los  panameños  estamos  en  ascuas. Este es un país que se da el lujo de  tener  dos  presidentes  durante  cuatro  meses,  pero,  a  pesar  de esa  curiosidad, sigue sumergido en una crisis de gobernabilidad. Y es que, en  lugar de verdaderos estadistas, hemos caído en manos de una partidocracia  que  lleva  al  poder a meros populistas. Hoy sufrimos las consecuencias.
Las  últimas  actuaciones  de  los dos presidentes (saliente y entrante),  lejos  de  procurar  esa  gobernabilidad,  parecen  demostrar  que están  enfrentados  a  fin  de  lograr  la  aprobación  ciudadana,  en  lugar de  propiciar  una transición ordenada. Mientras el entrante propone reformar  la  Constitución  a  la carrera, la saliente riposta con operativos "mano  dura"  y  empuja  varios proyectos de ley que, so pretexto de combatir la  alta criminalidad, lo que realmente buscan es ganar simpatía. Y cuando el   "mano  a  mano"  por  llamar  la  atención  entra  en su etapa final, nos   sorprenden  con propagandas camufladas de "informes a la Nación" y viajes  al  Viejo  Continente  para  codearse  con  la  realeza. Eso no lo merece  Panamá.  La  nación  requiere  de dirigentes que miren con luces largas y establezcan  una verdadera agenda de Estado, cuya meta lleve implícita la  solución de todos los problemas que nos agobian.


Los delincuentes juveniles y la injusticia social

Las  causas  de  la delincuencia juvenil hay que buscarlas en los tejidos  más íntimos de la estructura social y no en otra parte

Viviane Nathan

La  delincuencia   juvenil  está  ligada  a  la  miseria, a la carencia de  oportunidades, a la marginación, a la promiscuidad, y a la desintegración  familiar.  La  influencia  del   medio  en  el   cual  viven  los  niños y  adolescentes  es  un  factor importante para su desarrollo. Los niños que  viven  en  un  medio  lleno  de  privaciones  o  que crecen en el seno de  familias  disociadas  son  víctimas  directas de la irresponsabilidad del   gobierno por no crear una política social más justa y más sensible.

Las  causas  de  la delincuencia juvenil hay que buscarlas en los tejidos  más íntimos de la estructura social y no en otra parte.

La mala distribución de los bienes, un ambiente deshumanizado, cruel y  materialista, y la falta de oportunidades para un desarrollo sano de los  niños y adolescentes son aspectos que no podemos obviar cuando analizamos  la problemática de la delincuencia juvenil en nuestra sociedad.
Veinte años de prisión para un delito cometido por un menor de edad es  una pena demoledora y destructiva. Después de pagar esa condena, el adulto que salga de la cárcel será, ciertamente, un delincuente sin  posibilidades de ser reinsertado en la sociedad.
¿Es esto lo que se desea? ¿Esto es lo que aprobará la Asamblea en los  próximos debates? ¿Ajusticiar por segunda vez a aquel los que ya son  víctimas de la injusticia social?
Para poder prevenir la delincuencia juvenil, no basta con aumentar los  años de condena. Es de suma importancia que el Estado, que somos todos, y  el Gobierno, en particular, se hagan cargo de sus responsabilidades.
Todas las encuestas especializadas demuestran que el mayor índice de  delincuencia juvenil está en las grandes ciudades y que la mayoría de los  delincuentes pertenece a grupos de escasos recursos.
En este medio de cultivo no es extraño que los jóvenes, llenos de  frustraciones y animosidad, e incluso rencor y desadaptación, utilicen la violencia hacia el prójimo como una forma de cobrarse un "derecho de  peaje". ¿Lo justifico? No. La violencia y el delito deben ser castigados,  pero se supone que el castigo tiene un fin positivo. el castigo no debe  destruir al individuo.
Los jóvenes marginados son víctimas de la sociedad y muchas veces se  convierten en delincuentes. Delincuentes a menudo reincidentes. Pero  el los no son los verdaderos culpables. el los son el resultado de una  sociedad en decadencia, de políticas sociales inexistentes, de los altos  nivel es de corrupción y de juega vivo de los adultos responsables de  llevar adelante las riendas de la nación.
el adolescente problemático, agresivo, violento y peligroso vive día a  día con la certeza de que para él no existe la esperanza, ni la justicia  ni la realización. Su número va en aumento desenfrenadamente, producto de  familias desintegradas, ahogado en la miseria y rodeado de modelos  antisociales, lucha de clases, infelicidad, desequilibrio, sin
opciones  para conseguir sus aspiraciones.
La sociedad entera es culpable. Esa que los excluye y que los echa a un  lado, como escoria. Esa que es incapaz de resolver la profunda crisis que  rodea a los menores de edad en situación de riesgo. La sociedad que  aumenta y le da más fuerza a toda esa violencia y agresividad. La que  somos todos. Los que nacimos con más suerte, los que tenemos a nuestro  alcance los mecanismos para cambiar el rumbo de las cosas, los que  tenemos los medios de comunicación para ventilar el problema hasta lo más  profundo, los que tenemos puestos de poder y el privilegio de crear leyes  y políticas más justas.
Es difícil aceptarlo, pero es así.
La política de "mano dura" es un intento torpe y populista de tapar el   sol con la mano y de distraer la atención del pueblo de los verdaderos  problemas que lo agobian.
Es triste ver cómo se toman decisiones importantes tan a la ligera y con  tanta irresponsabilidad. Muy triste.


La autora es poeta y escritora

Mano dura contra la ignorancia
Para  construir  una  democracia  de  ciudadanos,  debemos  luchar por la  libertad plena

Magela Cabrera Arias


Abrumada  por la cantidad de aspectos trascendentales por los que el país  atraviesa, me resulta difícil decidir si escribo sobre uno u otro; lo que  es indudable es que todos están ligados a la calidad de la democracia.
Si  bien  ya percibía que aún nos falta mucho para perfeccionarla, la lectura  del   informe  divulgado  por  el   Programa  de  Naciones  Unidas  para el   Desarrollo  (PNUD), "La democracia en América Latina hacia una democracia  de ciudadanos y ciudadanas", me lo confirmó. Pues la democracia de la que  hablamos  es  el   régimen político que permite el gobierno del pueblo, lo  que  significa  que  las decisiones que afectan a todos deben ser tomadas  por todos. Consciente de que la información es poder y que el contexto es  necesario  para  comprender,  me  decido,  tal como está de moda, a tomar  "Mano Dura", pero en este caso contra la ignorancia. Sabía usted que:

el   informe  establece  que en Latinoamérica, si bien la democracia se ha  extendido,   más   del   50%  de  la  población  abandonaría  un gobierno  democrático  a  cambio  de obtener avances socioeconómicos. Esta paradoja
pudiera  comprenderse  si  se  toma  en cuenta que mientras la democracia  formal   ha   avanzado,   la  desigualdad  y  la  pobreza  han aumentado  significativamente,   por  lo  que  se  constituyen  en  las principales  deficiencias  de  los regímenes democráticos. Señala, además, que para el   progreso  de  la  democracia  es indispensable una prensa libre, un poder  judicial  independiente  y una sociedad dispuesta a defender los derechos  humanos,  así  como la  inclusión de los grupos tradicionalmente excluidos  en  los  mecanismos  de  decisión, ciñendo a todos los que detenten
algún  poder  económico  y político en los mecanismos de fiscalización ciudadana  para asegurar así una gestión transparente.
el concepto de fondo es que un crecimiento económico vigoroso impulsará  los Objetivos del Milenio (ODM) planteados por Naciones Unidas, lo que a  su vez vigorizará la posibilidad de construir regímenes democráticos  capaces de impulsar un desarrollo económico/social sostenible y  equitativo. Los ODM, que son ocho, van desde reducir a la mitad la   pobreza y el hambre para el año 2015, hasta fomentar una asociación  mundial para el desarrollo con el fin de lograr que los países ricos  abran sus mercados a los productos de los países pobres, proporcionando,  además, un alivio de la deuda. Asimismo, el informe advierte que muchos  gobiernos elegidos democráticamente tienden a mantener su autoridad con  métodos no democráticos, como modificar las constituciones nacionales o  interfiriendo en procesos electorales, y restando independencia a los  poderes Legislativo y Judicial. No olvidan señalar las graves  consecuencias que sobre la democracia tienen el nepotismo y la  corrupción.
Veamos ahora, cuál es el contexto en que se desenvuelve la democracia  panameña. Mientras se lleva adelante el famoso operativo "Mano dura  contra la delincuencia " y se proyecta sancionar a los menores de edad  como adultos (aunque UNICEF sostiene que el 98% de los crímenes es  cometido por mayores de edad), y se llenan las ya abarrotadas cárcel es   (según Alianza Ciudadana, en las cárcel es hay un 40% de hacinamiento) -¿o  más bien escuelas?- de delincuentes, donde poco se respetan sus derechos  humanos, empezando porque sufren hasta a extremos aberrantes de la mora  judicial, impunemente permanecen libres los delincuentes de cuello  blanco, los principales actores de la corrupción y responsables del   círculo vicioso de: a más pobreza y desigualdad, mayor violencia.

Libres permanecen los patronos evasores de las cuotas de Seguro Social; y  los agresivos conductores de taxis y buses, como el condenado a seis   meses de cárcel por asesinar a una anciana; y los legisladores confesos  de sobornos y compra de votos; y los desalmados empresarios de medios de  comunicación que rellenan de violencia y consumismo la mente de jóvenes y  adultos -futuros huéspedes de las cárcel es-. Es paradójico que los que  exaltan abiertamente la violencia, sin respetar siquiera el universo del   entretenimiento juvenil, sean los mismos que se rasgan las vestiduras  frente a los asesinatos y violaciones, y piden la pena de muerte sin  haber dado siquiera a los jóvenes criminales una oportunidad no ya de  "resocializarse", sino de crecer recibiendo mensajes de honestidad,  trabajo y tolerancia. Aunque no dejo de comprender que ante tanta  inseguridad ciudadana la gente opte por la cultura del miedo, tan bien expresada en el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, y que  apoye la cadena perpetua e inclusive la pena de muerte.
el país nunca tuvo tantos pobres y desempleados ni vivió tanta violencia  como ahora. Según el PNUD, en Panamá el 40.5% de la población es pobre y  26.5% vive en extrema pobreza; amén de los desempleados -entre 13 y 17%-  que explican la creciente criminalidad y violencia callejera. Mientras  que miles de panameños protestan contra el tratado de libre comercio  (TLC), Estados Unidos pide mayor acceso al mercado panameño precisamente  en los sectores que Panamá busca proteger, y rechaza el concepto de  "exclusión" de sectores agrícolas, educativos y marítimos que son
estratégicos para asegurar el desarrollo nacional. Me pregunto  angustiada, ¿es que quizá los negociadores panameños han olvidado que  para que sea beneficioso un TLC, primero deberíamos eliminar las  profundas asimetrías económicas, tecnológicas, sociales e institucionales  que hay?
Para construir una democracia de ciudadanos, debemos luchar por la  libertad plena, en el sentido que la entiende Amartya Sen, quien coloca  la libertad como el primer atributo de las sociedades democráticas. Y,  aunque hacerlo no es sencillo en un escenario donde las pasiones, la  intolerancia y los intereses económicos abundan -y son escasos los valores y los ideales-, es el único camino que nos permitirá pensar,  hablar y decidir con sensatez sobre nuestro futuro y construir una  sociedad más digna para todos.
La autora es arquitecta

PANAMÁ AMÉRICA
HOY POR HOY

REFORMA
De muy mal gusto y falta de consideración con la ciudadanía fue que la presidenta  Moscoso dejara a último momento, para la media noche de ayer,  cuando  vencía  el   plazo, la inclusión o no del tema de las reformas constitucionales en su llamado a sesiones extraordinarias, con  lo  cual  fomentó  la incertidumbre entre quienes temen por la suerte  del   denso  y  complicado  paquete.  ¿Qué  buscaba  con esa estrategia? Ya se sabe.

·   CAMBALACHE
Es un mero cambio de favores o un chantaje legislativo, para otros.

Un  "te  apoyo  con  las  reformas  si  tú...,  por  ejemplo,  me dejas  tranquilo  a  fulano  o  perencejo,  o  no  me alborotas tal o cual  asunto".  O  quizás se trata de un "tú me apoyas con mi proyecto de endurecimiento  de  penas, y yo a tus reformas. ¿Se merece ésto una   cuestión  tan  seria  como  la  discusión de los cambios a la Carta Fundamental de la República?


·   RELAJO
También nos hemos manifestado a favor del endurecimiento de las penas, incluso para menores y, por el contrario, hemos criticado infinidad de aspectos de las reformas constitucionales. Pero no por eso vamos a  pasar  por alto la poca seriedad y manipulada incertidumbre como  se   ha   manejado   el   temario  de  la  convocatoria  a sesiones extraordinarias  y  en  general la forma como han sido llevadas las  discusiones sobre el tema.


EDITORIAL

Sobre "Mano Dura"
Como anunció la Presidenta en días pasados y como se está ejecutando hoy,  el   plan "Mano Dura" busca minimizar la delincuencia , especialmente la de  menores;  es  un plan que consideramos que tiene buenas intenciones y una  meta  que  todos  deseamos:  vivir  en  paz. Queremos puntualizar ciertas  cosas:
Primero,  este  tipo  de medidas debieron ponerse en marcha al inicio del   mandato  de  la  Sra.  Presidenta y no ahora, cuando su gobierno está por  concluir;  ya  que  queda  en una acción y en una promesa de unos cuantos  meses y no a largo plazo. También como ocurre muchas veces con los planes  trazados  y  en  proceso  del   gobierno saliente, siempre el entrante los  deshecha  y  los deja tal cual como quedaron por motivos políticos.
Ojalá  el Señor Martín Torrijos tome en consideración esta iniciativa actual, la   reestructure y la siga manteniendo.
En  segundo  lugar,  consideramos  que  este  plan está mal fundamentado,  porque  antes  de  optar por esta serie de medidas tan drásticas, hay que  tener   en   cuenta  los  motivos  sociales  por  los  que  existe tanta  delincuencia   en  nuestras  calles: la alta tasa de desempleo, la ruptura  familiar,  el   mal  ejemplo y la poca educación que tienen los menores de  parte  de  sus  padres  o  acudientes;  el   pésimo y casi nulo sistema de  resocialización social para los detenidos, etc.

¿De  qué  sirve  meter  a un delincuente a la cárcel como pena, si cuando  éste  sale  no consigue empleo y se ve obligado a volver a delinquir para   poder  llevarse  algo  de  comer  a  la boca? Sería un remedio sin cura y entraríamos  en  un  círculo  vicioso  sin  fin.  Además, es obvio que un  empleador  al entrevistar a una persona recién salida de la cárcel , no va  a  querer  contratarlo,  y  si  éste  miente,  se  ve  expuesto  a que lo  descubran.  Esto  hace,  por  ende,  supremamente  necesario un plan elaborado y bien  llevado  de  resocialización  de  reos  donde se les enseñe
actividades y   profesiones  con  las  que  se  puedan ganar la vida, que el gobierno les  ayude  a conseguir un trabajo y que se les de un seguimiento por medio de   trabajadores  sociales  cierto  de  tiempo para ver cómo va su proceso
de   reintegración a la sociedad como personas útiles y productivas.  Tercero,  queremos  enfocarnos  en  dos  de  los  puntos  tocados  por la  Presidenta:  el   aumento  de  las penas para los menores e implementar la  cadena  perpetua en Panamá, en teoría, suena bien y buscaría mitigar este  problema social que estamos padeciendo. Pero, tristemente nuestro sistema  jurídico y penal no está preparado para ambas cosas.
el   aumento de las penas para los menores es una medida en la que estamos   de  acuerdo,  ya  que  hoy los menores ya le han perdido el respeto a sus   mayores,  a  lo  ajeno  y sobre todo a la vida; pero el que sean juzgados  como  adultos,  es  una medida inadecuada, su psiquis y su modo de ser en  medio  de  sus errores sigue siendo la de un niño y no la de un adulto, y   si  se le aplica una medida como si fuera tal, se vería afectada su forma  de ser y podría ser contraproducente, pues su inmadurez lo llevaría luego   a  buscar  venganza  a  la  sociedad  y  esto  lo  llevaría nuevamente a   delinquir.
Por  último,  el   tema  de  la  cadena perpetua es otro en el que estamos   parcialmente  de  acuerdo, ya que somos del pensar que dentro de la moral   cristiana  y  las  buenas  costumbres,  la  pena de muerte nos llevaría a   cometer un pecado igual que el del delincuente, nos rebajaría a su nivel ;  es  por eso que la cadena perpetua es la medida más cónsona con la que se  debe  penar a un homicida que se considere peligroso y a los homicidas en   serie.
Lastimosamente, en Panamá no contamos con el presupuesto para tener a una  persona  retenida  tanto  tiempo  en nuestro penoso y mal llevado sistema  carcelario,  donde  a  los  presos  se  les trata peor que a un animal en  estado  de  hacinamiento,  poca  salubridad, y donde claramente se le ven  violados  muchos  de sus derechos humanos. Por el lo, esta medida no puede  ser aplicada en Panamá.
Se  deben de hacer los preparativos previos para que las medidas a seguir  sean  exitosas  y consigan su propósito; de lo contrario de nada servirán  las  mismas  y lo único que se conseguirá será una victoria pírrica donde  no ganaremos nada y seguiremos en la misma situación.

Por eso, en nuestra humilde opinión, pensamos que el gobierno actual debe   reformular  su  postura  y  la administración gubernamental entrante debe  preparar  el   campo para poder implementar las acciones propuestas por el   saliente.
el SIGLO
EDITORIAL

 
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